Han transcurrido treinta y seis años desde que se instauró en España la democracia con una monarquía constitucional como forma de Estado, con un Rey impuesto por el dictador y nunca sujeto a un referéndum de la ciudadanía. Éste fue el principal precio que se pagó en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia, al no tener lugar la ruptura democrática y articularse una reforma pactada, bajo la presión ejercida por el Ejército surgido del golpe de Estado de 1936 contra la II República, los poderes económicos y la larga mano de los EE.UU.
La instauración de esta forma de la Monarquía de Juan Carlos de Borbón fue acompañada, además, por la introducción en la Constitución de 1978 de toda una serie de preceptos que configuran a dicha institución con perfiles claramente antidemocráticos. La clave de bóveda de esta grave contradicción constitucional radica en que el artículo 1.2 proclama que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y por otro lado el artículo 56, apartado 3, establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Flagrante vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles que proclama la misma Constitución.
Treinta y cinco años después de aprobada la Constitución que ha regido desde entonces la vida de nuestra sociedad, tenemos la firme convicción de que ha llegado el momento de poner fin a tamaña anomalía. Es evidente que los escándalos de todo orden que han salpicado últimamente a la Casa Real han contribuido a acrecentar la desafección entre la ciudadanía hacia la persona del rey y su familia. Para nosotros, no es una cuestión de personas, sino de la institución monárquica en sí, a la que consideramos obsoleta, anacrónica y contraria a los principios de la democracia, conforme a la cual todos los que nos representan han de ser libremente elegidos por el pueblo, incluido el jefe del Estado.
La profunda crisis que vive hoy nuestro país- no solo económica, sino también política y moral-, recuerda, salvando las distancias temporales que nos separan de aquel periodo histórico, la vivida en las postrimerías de la dictadura de Primo de Rivera, que desembocó en el advenimiento de la II República. La Agrupación al Servicio de la República lanzaba entonces un llamamiento a favor de la instauración en España de un régimen republicano. “La Monarquía de Sagunto”- decía ese llamamiento- “ha de ser sustituida por una República”. Pero, dado que la Monarquía no iba a ceder “tan galantemente”, y el paso a un sistema de poder público solo se rendiría “ante una formidable presión de la opinión pública”, era urgentísimo organizar esa presión, haciendo que “sobre el capricho monárquico” pesase “con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo”. La Monarquía de hoy, surgida por imposición de un régimen dictatorial y perpetuada por los pactos concertados por los partidos de izquierda con la derecha postfranquista, tampoco es representativa de esa voluntad.
El Manifiesto de febrero de 1931 se proponía movilizar a la ciudadanía para que formara “un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República española”. Sus autores llamaban a “todo el profesorado y magisterio, a los escritores y artistas, a los médicos, a los ingenieros, arquitectos y técnicos de toda clase, a los abogados, notarios y demás hombres de ley”. También se refería muy especialmente a la necesidad de contar con ”la colaboración de la juventud”, respecto de la cual se expresaban así: “Tratándose de decidir el futuro de España es imprescindible la presencia activa y sincera de una generación en cuya sangre fermente la sustancia del porvenir”.
Lo mismo que ayer, nuestro llamamiento va también dirigido hoy a los intelectuales- escritores, periodistas, artistas-, a los que desempeñan tareas docentes desde la escuela primaria a la Universidad, a los que ejercen profesiones liberales- médicos, ingenieros, arquitectos, abogados-, a los integrantes de la decisiva comunidad científica, a los que ocupan cargos en la función pública, y, por supuesto, a la clase trabajadora, que fue y sigue siendo la que más soporta el peso de las injusticias y desigualdades del salvaje capitalismo neoliberal. Y, de manera muy particular, a las generaciones jóvenes que no participaron en la discusión y aceptación de la Constitución de 1978, pero cuyas consecuencias padecen como el resto de la sociedad. Porque nosotros también insistimos en que su savia nutra el futuro.
Ha llegado el momento de que los españoles decidamos en plena libertad el régimen que deseamos para España. Por ello, pedimos la convocatoria de un referéndum, en el que se tenga la posibilidad de elegir libremente entre Monarquía o República. En el caso de triunfar esta última opción, se abriría un periodo de Cortes Constituyentes, en el que se elaboraría una nueva Constitución y se procedería después a la convocatoria de elecciones para la formación de un nuevo Parlamento como representante de la soberanía popular. La Constitución que se adopte debería prever las modalidades de elección del Presidente de la República del nuevo Estado, que adoptaría la forma de República federal.
El nuevo Estado no sería aconfesional, como lo es el actual, conforme a la Constitución de 1978, cuyo artículo 16, apartado 3, dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, sino laico, como estipulaba el artículo 3 de la Constitución de 1931: “El Estado español no tiene religión oficial”. En él se fomentarán y divulgarán desde la escuela primaria los valores laicos y republicanos.
Desde el final de la Guerra Civil hasta hoy la consigna más falaz esgrimida por los vencedores del conflicto no ha sido otra que repetir machaconamente que tanto la I República, la de 1873, como la II, la de 1931, constituyeron un fracaso que condujo a España a la ingobernabilidad provocada por el desorden. Quienes aún hoy se permiten formular esta opinión o bien tergiversan deliberadamente el significado de las dos experiencias republicanas o son víctimas del lavado de cerebro que desde hace más de dos siglos (1789, Revolución Francesa) han venido persiguiendo los monárquicos volcados en impedir por todos los medios, incluidos los golpes de Estado de los generales Pavía y Franco, la modernización social y cultural que acarrearon las dos experiencias republicanas, la II en particular.
La III República ha de ser la obra de todos los españoles, hombres y mujeres, en un esfuerzo común por dotar a nuestro país de un Estado que esté en consonancia con nuestro tiempo. Una de las mayores preocupaciones de los hombres y mujeres de la II República fue la moralización de las instituciones y de la vida pública degradadas por un sistema, también bipartidista, que desembocó en la primera dictadura militar del siglo XX amparada por el monarca Alfonso XIII. Obviamente, entre las tareas primordiales del nuevo régimen republicano figurará el objetivo de apostar por la igualdad social. También la consecución de un moderno Estado de Bienestar asentado en una fiscalidad progresiva más justa cuyas conquistas sociales hagan pasar a la historia las hasta ahora conseguidas.
La III República no es una quimera, no es una utopía. Es una urgente necesidad de regeneración democrática. Y puede ser una realidad, si todos nos unimos y luchamos juntos por conseguirlo. Sin olvidar las experiencias republicanas del pasado, la III República ha de mirar hacia el futuro.
